El derecho romano no llegó a elaborar una doctrina completa
de las personas jurídicas, suministrando, sin embargo, a los intérpretes
posteriores las bases para su construcción. No obstante, él ya había llegado, a
través de un largo y laborioso camino, a reconocer la capacidad de ser sujeto
de derechos, aún, a entidades diversas del hombre. Hasta el final de la época
clásica esta capacidad le es atribuida tan sólo a las asociaciones de hombres
organizadas para la consecución de fines duraderos de interés común e
independientes de la voluntad y de los intereses de los miembros que las
integran. En la edad postclásica y justinianea, con una mayor abstracción, se
comenzó a reconocer la capacidad jurídica también a entidades patrimoniales
destinadas a un fin específico.
Con términos modernos las asociaciones de hombres se llaman
corporaciones; las entidades patrimoniales, fundaciones.
Prototipo de ente colectivo era el Populus Romanus, que
tenía todos los posibles derechos. Sobre su base se configuraron otras
comunidades de derecho público, como los «municipia”
y las «coloniae”, a las cuales se lea va, gradualmente,
reconociendo una capacidad de derecho privado; y las corporaciones privadas,
para las cuales se tenían numerosas denominaciones (collegia, corpora,
societates, sodalicia, etc.). Los componentes de ellas se llamaban «soci” o
“sodales”, y la totalidad de ellos «urnversitas”.
Requisito para la existencia de una corporación era la
reunión de por lo menos tres personas que tuvieran la intención de constituir
una unidad orgánica dirigida a un fin lícito, que podía ser religioso,
especulativo, profesional, etc. Por largo tiempo no fue necesario el
reconocimiento por parte del Estado, ya que era suficiente la licitud del fin;
pero desde ci principio de la edad imperial era necesario, sin embargo la
autorización estatal. Cada corporación tenía un estatuto, órganos directivos,
una sede común y se consideraba existente aunque cambiaran todos los socios o
se redujesen a uno. Por lo menos desde la edad clásica se viene afirmando el
elemento más característico de la personalidad jurídica de la corporación cual
ente distinto de sus miembros, esto es: que los derechos y obligaciones se
referían directamente a ella y no a sus miembros (si quid universitati debetur
singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent). La capacidad
patrimonial de las corporaciones se fue poco a poco extendiendo; se admite
también que pudieran nianumitir esclavos adquiriendo el derecho de patronazgo
y, en último término, le fue concedido, en un principio a algunas como
privilegio, después a todas, el recibir herencias y legádos. Las corporaciones
privadas se extinguían: por la desaparición de todos sus socios; por la
disolución voluntaria; por la consecución del fin; por la supresiótl estatal.
Las fundaciones comienzan a aparecer sólo en la edad postclásica,
bajo forma de instituciones de beneficencia y de culto promovidas por el
cristianismo para una «pia causa”. Consistían en patrimonios confiados por lo
general a una iglesia y destinados a la creación de orfelinatos, asilos,
hospitales, etc. Pero, sin embargo, a un reconocimiento explícito de su capacidad
jurídica no se llegó ni tan siquiera en el derecho justinianeo. No obstante,
se intentó asegurar de todos modos la con-
secución del fin, dándole a los obispos la vigilancia y el
cuidado sobre la administración de tales patrimonios y ampliando las muchas
normas que ya regulaban la vida de las corporaciones.
Una personalidad jurídica más plena le es atribuida, al menos
en el derecho justinianeo, al «fiscus” y a la “hereditas iacens”. El fisco era
el patrimonio imperial. El acab& por absorber al aerarimn”, esto es: el
patrimonio del pueblo romano; pero se separó de la persona del emperador y fue
considerado como una entidad en sí misma, a la cual le fueron atribuidos
muchos privilegios. La herencia yacente era cualquier patrimonio hereditario
todavia no aceptado por el heredero. Puesto que la aceptación era, por lo general,
necesaria para que el heredero tomara la posición del difunto, en este intervalo
de tiempo tal patrimonio permanecía sin titular y así, pues, como si fuese una
«res nullius”. En el derecho clásico se llegó a decir, sin embargo, que la
herencia ocupaba el lugar de la personalidad del difunto, y en el derecho
justinianeo se llegó aún más allá, considerando a la herencia misma como
persona y como «domina” de las cosas hereditarias.
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